Greenpeace se suma al reclamo de Justicia y manifiesta su profunda preocupación ante el decreto presidencial que modifica la política para las Fuerzas Armadas. Podría implicar una militarización de gran parte del territorio y los espacios públicos y su utilización para la represión de la protesta social.
"Bajo pretexto de ”asegurar la protección de la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial, sus recursos naturales, su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida, la libertad y los derechos humanos de sus habitantes”, el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina sancionó el decreto 683/18, que modifica el uso de las Fuerzas Armadas, habilitándolas a actuar “en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina, la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa”, considerando que éstas “no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”, dice la organización ambientalista en un comunicado publicado en su sitio oficial.
“Greenpeace manifiesta su profunda preocupación ante el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, lo que podría implicar una militarización de gran parte del territorio y los espacios públicos y su utilización para la represión de la protesta social. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son un claro ejemplo de este avance represivo”.
“Las manifestaciones públicas permiten elevar el nivel y la calidad de la información, del debate y del involucramiento social en temas de interés general. Como consecuencia, nuestra democracia resulta fortalecida cuando existe una voluntad permanente de sostener los valores de la libertad de expresión, de discusión, de participación y de protesta, en tanto dicho sistema de valores forma parte constitutiva e insoslayable de aquélla forma de organización social. Las manifestaciones públicas son los recursos con los que contamos los distintos actores y grupos de la sociedad (trabajadores, mujeres, agrupaciones sociales, comunidades indígenas, etc.) para visibilizar los reclamos e interpelar a las autoridades. Cuando la libertad se amenaza, se judicializa, se deslegitima, la calidad de la democracia se degrada en su práctica cotidiana”, finaliza diciendo la organización.