Ley del Hábitat

La “Ley de Acceso Justo al Hábitat”, sancionada y reglamentada por los diputados de la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo regularizar la situación de los barrios informales, dar respuesta a la demanda urbano habitacional y reducir la especulación que existe en el valor del suelo…

 

Resistida por el sector inmobiliario, se propone “abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional”, tal como reza el texto de la Ley 14.449, conocida como «Ley de Acceso Justo al Hábitat».

Entre los puntos más destacados, se encuentra aquel que contempla la cesión entre el 10% y el 33% de los terrenos para urbanizaciones cerradas (countries, grandes centros comerciales…) para la realización de planes de vivienda social. También la ley habilita a los municipios para que en un plazo de tiempo estipulado puedan expropiar los terrenos sobre los que no se proyecte ninguna edificación.

La Ley consta de VI capítulos y 72 artículos y fue presentada con el objeto de garantizar el derecho a la vivienda, a un hábitat digno para todos los ciudadanos y lograr una gestión democrática de la ciudad.

Fue impulsada por los diputados del FPV, Alberto España y Alicia Sánchez y el legislador de Nuevo Encuentro, Marcelo Saínpor. Contó con el apoyo de los diputados de la Coalición Cívica, la UCR, el FAP, el PRO y Nuevo Encuentro.

 

PRO.CRE.AR

Para los municipios la normativa representa una oportunidad para resolver las demandas actuales, ya que contempla los planes promovidos por el Gobierno Nacional como el ProCreAr: “Atender la refuncionalización, rehabilitación y adecuación normativa de inmuebles fiscales aptos para finalidades de uso social y colectivo, en particular la provisión de suelo fiscal a los fines de su in-corporación al Programa PRO.CRE.AR creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 902 de fecha 12 de junio de 2012, exceptuando a los bienes incorporados de la aplicación del Decreto-Ley 8.912/77”.

 


 

Unos y otros

Mientras sectores sociales y académicos apoyan decididamente la Ley, existen otros que la condenan y señalan que es un proyecto “a la cubana”.

Para Habitar Argentina, un colectivo que nuclea a instituciones como el CELS, Instituto Patagónico de Desarrollo Social, Asociación de Abogados Ambientalistas, y casi un centenar de organizaciones, legisladores y funcionarios, “La Ley constituye un instrumento capaz de abordar de manera integral la complejidad de la problemática habitacional y ampliar las capacidades de acción estatal sobre las diversas causas que la originan”.

Por otra parte, en el sitio de la Fundación “Liga del Consorcista”, la Dra. Victoria Loisi sostiene que la ley afecta “a una industria pujante, como es la de la construcción, sometiéndola a una aventura económico-social impregnada de principios ideológicos que enseñan cómo repartir la riqueza, pero que ignoran completamente cómo generarla. ¿Será que debiéramos imitar a Cuba para lograr un desarrollo sostenible?”.

 

 

 

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